La criatura está recién nacida y va a llamarse Sociedad Valenciana para la Gestión de Servicios Sanitarios. Ese es el largo nombre de la empresa pública cuya creación acaba de autorizar la consellera de Sanidad, la socialista Ana Barceló, y que verá la luz a través de un decreto-ley que ya ha empezado a elaborarse. Su misión será gestionar todos aquellos hospitales cuya gestión todavía se encuentra privatizada conforme vayan expirando los contratos de sus actuales concesionarias. El de Marina Salud en el caso del Hospital de Dénia.

Es decir, que será esta mercantil pública la que pasará a controlar la sanidad de la Marina Alta cuando se produzca la reversión. Sea en la fecha que sea: bien de forma anticipada si finalmente fructifican las teóricas negociaciones que se están llevando a cabo entre el Consell y los socios de Marina Salud; o bien, si esas conversaciones fracasan, cuando finalice el contrato de Marina Salud, allá por 2024.

De un modo o de otro, la Marina Alta no regresará al sistema de gestión directa en el que se encontraba hasta diciembre de 2008, cuando hizo su desembarco Marina Salud; o sea, no será igual al resto de hospitales valencianos que integran la red de la conselleria y, por el contrario, seguirá dependiendo de una empresa, aunque en este caso sea de capital público.

Por eso, tal fórmula cuenta con el rotundo rechazo de los sindicatos del Hospital de Dénia. Consideran que así la plantilla no igualará sus condiciones laborales con el resto de los centros ni podrá acceder a la bolsa de trabajo. Y eso, a su vez, tendrá sus repercusiones en la atención asistencial a los pacientes, porque continuará produciéndose fuga de profesionales que siempre buscarán los centros públicos por sus ventajas.

Los sindicatos también aseguran que se abre la puerta a una nueva reprivatización por razones políticas -vuelve a haber elecciones autonómicas en 2023-, toda vez que una empresa pública siempre se puede poner a la venta. No sería la primera vez.

En realidad, el comité de empresa de Marina Salud ya había dado estos argumentos a principios de 2019, cuando por primera vez el Consell apostó por una empresa pública para concretar una reversión en Dénia que en aquel momento -justo antes de los últimos comicios autonómicos- parecía inminente. Así, el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) ya publicó hasta diez razones para rechazar lo que entonces solo era una idea de la conselleria que sin embargo ahora, un año más tarde, cristaliza de forma definitiva.

En varias sorpresas. La primera es que se basa en una ley que fue impulsada en 1997 por el entonces presidente del Gobierno, el popular José María Aznar, lo que no deja de resultar bien curioso en un Consell integrado por PSPV, Compromís y Podem; y que, en la cima de la paradoja, fue la ley que precisamente permitió privatizar la gestión de hospitales como el de Dénia. Ahora, la socialista Ana Barceló la vuelve a utilizar porque le viene bien para su objetivo de empresa pública, ya que autoriza a que «la gestión de los centros sanitarios pueda llevarse a cabo no sólo directamente por los distintos servicios de salud, sino también indirectamente» por otras entidades.

La segunda sorpresa estriba en que la conselleria rompe con sus propias decisiones de la anterior legislatura. Abjura de la única reversión que se ha producido hasta ahora, la de Alzira, que tuvo lugar en 2018. Entonces se subrogó al personal laboral contratado por la concesionaria bajo la figura de personal fijo a extinguir, lo que posteriormente ha sido avalado por varias sentencias; sin embargo, ahora la resolución de Barceló sostiene que eso ha producido una dualidad entre el personal estatutario y el personal laboral que es «irregular e impropia para la administración sanitaria».

Y que además puede provocar «agravios comparativos y conflictos entre ambos regímenes laborales» en convivencia, lo que por cierto también esconde otra paradoja: ese agravio ya se estaba dando con anterioridad, y se sigue dando, no entre trabajadores de un solo departamento sanitario como pueda ser el de Alzira, sino entre los hospitales públicos y los privatizados como el de la Marina Alta.

Sin embargo, para Sanidad es esa dualidad producida en Alzira la que debe evitarse. Y por eso considera en la resolución que «la herramienta más adecuada es una sociedad instrumental [esta nueva empresa pública] que asuma los servicios sanitarios que hasta el momento se prestaban a través de las fórmulas contractuales» que la Generalitat firmó en su día con Marina Salud y otras mercantiles en distintas comarcas valencianas.

Esta nueva empresa pública no tardará en ver la luz. La resolución de Barceló señala que su tramitación «ha de efectuarse con carácter de urgencia dado que en próximas fechas y de modo sucesivo finalizan esos contratos con las concesionarias en diferentes zonas». Eso sí, sólo habla de contratos, no de que alguno de ellos pudiera rescindirse antes como se había especulado con Dénia.

Fuente: https://lamarinaplaza.com/

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